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El proyecto de presupuestos para 2018 presenta la novedad de facultar al catastro para que establezca en nueva “valor inmobiliario” que será calculado por el catastro tomando como referencia los precios de las transacciones comunicadas por los notarios y otras fuentes.

Dicha nueva valoración no debe confundirse con el “valor catastral” que seguirá existiendo y siendo la base para el cálculo de algunos impuestos tales como el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)  de obtención de información.

Según el proyecto de presupuestos se establecería un mapa de valores inmobiliarios distribuidos por áreas geográficas que sería actualizado anualmente y que estaría a disposición de las administraciones y ciudadanos.

Pendiente de confirmar en que se concreta dicha propuesta, algunos han sugerido que recuerda a lo que ya se hizo en la comunidad autónoma de Catalunya, en la que se establecieron unas valoraciones, diferentes de las catastrales, unas a efectos de negocios lucrativos (donación, herencia) y otras para los onerosos (compraventas etc…), el objetivo de estas valoraciones públicas y conocidas por todos, era dotar de seguridad al contribuyente quien en teoría aplicando estas valoraciones tenía la seguridad de no tener problemas con el fisco, lo cual en realidad no llegó a obtenerse plenamente dado que algunos actuarios de la inspección se apartaron de dicho criterio.